30/05/2026
La creciente preocupación por los episodios de violencia que se producen en nuestras calles obliga a realizar una profunda reflexión sobre el papel que desempeñan quienes imparten enseñanzas relacionadas con las artes marciales, los deportes de combate y los sistemas de defensa personal.
Las artes marciales y los deportes de combate reglados han demostrado históricamente ser herramientas educativas de enorme valor. Su práctica fomenta el respeto, la disciplina, el autocontrol, la responsabilidad y la convivencia. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una proliferación de instructores sin la formación oficial exigible y de sistemas no reglados ni reconocidos por las administraciones deportivas competentes, que en ocasiones transmiten conocimientos sin las garantías pedagógicas, técnicas y éticas necesarias.
La enseñanza de técnicas de combate por parte de personas que carecen de una titulación oficial o de una capacitación acreditada puede generar riesgos importantes. No solo se pone en peligro la integridad física de los alumnos, sino que también se puede transmitir una visión equivocada del uso de la fuerza, alejándose de los valores educativos que caracterizan al deporte oficial.
A esta problemática se suma la celebración de eventos deportivos privados que, en numerosos casos, escapan al control efectivo de las administraciones públicas. La falta de mecanismos suficientes de inspección y supervisión provoca situaciones de desigualdad frente a las entidades y federaciones que cumplen rigurosamente con la normativa vigente, las exigencias de seguridad, los seguros obligatorios y los requisitos técnicos establecidos por la legislación deportiva.
Esta situación perjudica especialmente a miles de deportistas y alumnos de gimnasios que participan en actividades sin obtener una capacitación oficial reconocida, limitando sus posibilidades de progresión deportiva, arbitral, técnica o profesional dentro del ámbito deportivo.
Muchos practicantes desconocen que los títulos, grados o certificaciones expedidos por determinadas organizaciones privadas pueden carecer de reconocimiento oficial y, por tanto, no ofrecer las garantías necesarias para el desarrollo de una carrera deportiva reglada.
Las administraciones públicas deben reforzar los mecanismos de control, inspección y sanción frente a aquellas actividades que incumplan la normativa deportiva vigente. Del mismo modo, es necesario impulsar campañas informativas que permitan a los ciudadanos distinguir entre una formación oficial y reglada y aquellas enseñanzas que carecen de reconocimiento por parte de los organismos competentes.
La seguridad ciudadana, la calidad de la enseñanza deportiva y la protección de los deportistas exigen un compromiso firme de todas las partes implicadas. Apostar por el deporte oficial, por entrenadores cualificados y por eventos sometidos a las garantías legales no solo fortalece el sistema deportivo, sino que contribuye a formar ciudadanos responsables, respetuosos y comprometidos con los valores que deben caracterizar a cualquier sociedad moderna .
